República independiente universitaria

Por • 26 Sep, 2011 • Sección: Tribuna Abierta

Agosto nos trajo una nueva Sentencia del TSJ, referente a lo que debe ser el sistema electoral universitario, en concordancia con la Ley Orgánica de Educación y la Constitución Bolivariana, en este caso a la UCV. La Sentencia está en plena sintonía con la inicialmente emanada en el caso de la UCLA, que ha servido de jurisprudencia: “Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, mediante la cual se establece que los procesos electorales que se efectúen en aquellas Universidades Nacionales que, de conformidad con la Ley de Universidades y el Reglamento Ejecutivo que las rige, de ser el caso, se encuentran facultadas para elegir y nombrar sus autoridades, deben ajustarse a lo previsto en el artículo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación” (Sentencia 120).

Esta Sentencia, para el caso UCV, contiene una particularidad que bien merece su análisis por parte de las comunidades universitarias y más allá, nuestro pueblo; dado, las definiciones políticas que contiene.  Allí, la representación de las autoridades universitarias, en función de justificar su postura contraria a la democratización de nuestras instituciones universitarias, expresadas en el voto pleno de obreros/as, empleados/as, estudiantes y profesores/as instructoras, hoy excluidos y restringidos en el ejercicio de ese derecho humano, manifiesta sin tapujos, su definición de lo que consideran debe ser  la democracia universitaria. La abogada María Filomena Sigillo, actuando en representación de las autoridades  de la UCV, “Manifestó que el derecho al voto en las universidades es un derecho académico y no un derecho político, por lo que sólo podían votar en las elecciones universitarias quienes tuvieran esa condición “…lo cual excluiría de tal derecho a profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros extranjeros. Por otra parte, sólo son titulares de los derechos y deberes políticos quienes ejercen la ciudadanía (art. 39 de la Constitución). Por ello, estarían excluidos de participar en elecciones universitarias los menores de edad, lo cual impediría a muchos estudiantes ejercer este derecho. Pero además, en el supuesto negado de que el derecho a votar en elecciones universitarias fuera un derecho político, el desarrollo de este derecho sólo podría hacerse por una ley, y no por cualquier ley, sino por una ley orgánica…” (Exp. Nº AA70-E-2011-000033, Sentencia caso UCV, 10-08-2011).

Como se desprende de la manifestación hecha por la representante de la UCV, según el concepto de democracia que manejan las autoridades de dicha institución universitaria, solo los profesores/as tendrían cualidad para ejercer ese derecho humano. Y hablamos de derechos humanos, porque así lo define la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 21:
“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Tan excluyentes son, las autoridades de la UCV, que han creado un concepto que no tiene asidero en ninguna legislación: la comunidad académica. El  “academicismo” se ha convertido en la religión oficial que manejan, según les convengan, las autoridades universitarias, para mantener el statu quo, aún vigente, en esos órganos del Estado.  “Toda nueva clase -escribía Marx- está obligada a dar a sus ideas la forma de universalidad, representarlas como las únicas razonables y universalmente válidas”. Su pretensión, añade, es justificada en la medida en que se subleva, en que actúa revolucionariamente. Pero la burguesía se ha transformado a su vez en clase dominante, y en vez de luchar contra privilegios ajenos, defiende hoy sus propios privilegios contra el resto de la humanidad. En nuestras instituciones universitarias, no es la burguesía quien crea su ideología para engañar a sus dominados de siempre, para que continúen siendo sus subordinados, es la casta profesoral, la oligarquía profesoral, quien hace sus funciones al interior de esas instituciones del Estado burgués.

La religión del “academicismo” lleva a la oligarquía profesoral a ocultar la esencia de las instituciones universitarias en generalidades sin sentido, abstracciones de la realidad que les permiten ocultar el verdadero papel que cumplen esas instituciones en la reproducción de la ideología de la clase dominante. “La principal función de la universidad desde el punto de vista de la lucha de clases es tradicionalmente la producción de hegemonía mediante la formación de una élite y la formulación de unos criterios de cultura, comportamiento, distinción, prestigio, etc (…) Una función así es incompatible con eI socialismo (…) Las demás funciones históricas que tiene la universidad –por usar la expresión de Ortega– no intervienen sino mediatamente en la perpetuación del sistema y, consiguientemente, de la división social clasista del trabajo…” (Manuel Sacristán Luzón, La universidad y la división del trabajo, 10 de enero de 1976).

Ocultan los “academicistas”, el papel político que ha venido cumpliendo la universidad autónoma venezolana, cuando en abril de 2002, se desplegó en apoyo pleno a las acciones golpistas que condujeron al derrocamiento del Presidente Hugo Chávez, luego, apareciendo como un partido político más, entre las organizaciones que apoyaron a los militares golpistas de la Plaza Altamira, y de allí en adelante, utilizando a un sector del movimiento estudiantil como punta de lanza del oposicionismo contra las políticas de reivindicación social de los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. En ese papel, de utilización de sus estudiantes como agentes de desestabilización, han coincidido las autoridades de esas universidades con los organismos de inteligencia del imperio de EEUU, así lo devela la camarada Eva Golinger: “Este año los líderes estudiantiles de la oposición venezolana recibirán 75% del financiamiento del gobierno de Estados Unidos, a través de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), denunció la investigadora Eva Golinger…” (Prensa Web YVKE – www.aporrea.org, 13-09-11).

Mientras utilizan a grupos estudiantiles, los “académicos” se reservan el derecho a planificar las acciones en que estará en juego el pellejo de las/los muchachos, así lo devela Wikileaks: “La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), Sara Levy, el vicerrector académico de la universidad, Nicolás Bianco, y el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez, estuvieron entre las autoridades que acudieron a la Oficina de Asuntos Públicos de la embajada estadounidense en Caracas, en agosto de 2009, a manifestar preocupaciones por la Ley Orgánica de Educación que estaba a punto de aprobarse (…) Según el comunicado de la embajada estadounidense, “García Arocha indicó que la UCV lideraba un grupo de educadores y estudiantes para intentar detener la aprobación de la Ley de Educación, de la cual el ministro Héctor Navarro dijo que debía ser aprobada antes del inicio del nuevo año escolar en septiembre”, dice el cable, que asegura que la universidad ha sufrido recortes en su presupuesto (…) Según el cable de la embajada, el vicerrector Méndez y la decana Levy denigraron de las universidades que ha creado el gobierno bolivariano para dar acceso a la educación universitaria a cientos de miles de jóvenes. Dijo Méndez: “el gobierno de Venezuela está asignando recursos a nuevas universidades pro-gobierno, algunas de las cuales ni siquiera tienen campus o sedes físicas…” (http://wikileaks.org/cable/2009/08/09CARACAS1034.html).

Esta batalla por democratizar las instituciones universitarias, se enmarca en las construcción de un nuevo modelo societario, más equitativo, más justo, más humano, como bien lo formula el escritor marxista alemán Leo Kofler: “En un mundo de auténtica libertad, en un mundo sin alienación, han de desaparecer los productos del mundo alienado, ya superado; o sea, la élite, la intelectualidad y la burocracia desaparecen como categorías sociológicas. Y como, al mismo tiempo, esas categorías constituyen el estado, éste también desaparece.” La nueva formación social está gestándose en el seno de la vieja. Pero el que nazca o no, dependerá de lo que ocurra en el terreno la lucha de clases. Las Sentencias  del TSJ  marcan, jurídicamente, el rumbo que deben seguir las instituciones universitarias en cuanto al contenido de la Democracia que debe regirlas internamente, solo eso, un exhorto a sus comunidades, el que ello sea o no realidad, lo concretará la movilización de sus excluidos de siempre: obreros/as, empleados/as, estudiantes y profesores/as  instructoras.

Ya, internamente, la oligarquía profesoral planifica acciones para impedir que el poder heredado de los Estatutos Republicanos de 1827; fecha desde la cual, dejó de ser pontificia. Desde esa fecha, la autoridad universitaria recayó en el profesorado de la universidad, adjudicándosele el monopolio del poder. Los nuevos estatutos establecieron la elección del Rector por parte del Claustro (compuesto por los profesores de la universidad y los doctores residentes en la ciudad) en lugar de ser designado directamente por el Obispo, como era lo acostumbrado. Valga decir, son más de dos siglos de poder profesoral que, hoy nuestro pueblo reclama democratizar.
Incluso, hasta la demanda es tímida, ya que países monárquicos como España integran a sectores externos a la comunidad universitaria al gobierno universitario, como lo explica José Plana Plana en referencia al Consejo Social: “Es el órgano de participación de la sociedad en la universidad (art. 14, LRU). Está compuesto en sus 2/5 partes por miembros de la Junta de Gobierno, elegidas por ésta entre los que deben estar el Rector, el Secretario General y el Gerente; las restantes 3/5 partes, de las que no podrá formar parte ningún miembro de la comunidad universitaria, por una representación de los intereses sociales, de acuerdo con lo establecido en una Ley de la Comunidad Autónoma, que fijará el número total de miembros del órgano y preverá la participación de representantes de sindicatos y asociaciones patronales (…) El Consejo Social diseñado por el legislador español de 1983 es uno de los órganos de gobierno universitarios, compuesto mayoritariamente por personas ajenas a la universidad, que más atribuciones posee…” (Órganos de Gobierno de las Universidades Públicas, José Plana Plana).
La Sentencia emanada del TSJ, en el caso de la UCV, ha motivado una nueva discusión en el seno de su Consejo Universitario, las posturas “académicas” de sus miembros giraron en la  perspectiva de desconocer la Sentencia y sus ordenamientos, actuando en contrario a lo que ordena su Código de Ética: “El profesor universitario velará por el respeto y la promoción de los principios de libertad contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados y convenios internacionales y las leyes relacionados con la vida universitaria…” (Artículo 1).

Dice un punto de cuenta de la sesión, emanado de factores progresistas que forman parte de dicho cuerpo: “Intervinieron pocas personas, pero la mayoría de ellas, plantearon hacer “algo” para no aceptar la decisión. Entre ellas fueron los profesores Víctor Márquez, Humberto García, Rómulo Orta, Nicolás Bianco. Es más, Víctor Márquez habló como presidente de la APUCV e informó que hay un grupo de profesores que están preparando una estrategia para “enfrentar” esta decisión por violación de la autonomía e invita al CU en no quedarse con los brazos cruzados. El profesor Rómulo Orta expresó su categórica negativa en acatar la decisión impuesta por este régimen. El profesor Humberto García exclamó que los sectores de trabajadores no tienen la capacidad para discernir en la elección de las autoridades… que esto representará la destrucción de la universidad, fue contundente en proponer las acciones adecuadas para no cumplir con la decisión…”, así se expresan  los “académicos”.

Racismo? Cómo explicar que otorgar el voto a los trabajadores/as implicará la “destrucción de la universidad”, que estos “no tienen la capacidad para discernir en la elección de las autoridades”, valga decir, será que son seres inferiores de la especie humana?  Es la misma argumentación que llevó a Hitler a expresar: “Todos aquellos que, en este mundo, no son de raza pura, no son más que desechos.” (Mi Lucha, Adolf Hitler). Hoy, dicen los profesores derechistas: “si no eres profesor/a no tienes capacidad de discernir, no debes tener derechos políticos”.

Es la continuidad del pensamiento nazi, arropado con ideología “academicista” la que denotan, de allí a exigir la exterminación de las trabajadoras/os universitarios como lo llevó a cabo, en su tiempo, su referente ideológico guía, solo queda un paso; así, como Hitler incentivó el odio por los judíos y propició su exterminio, “al luchar contra el judío estoy defendiendo la obra del Señor”. (A. Hitler. Mi Lucha).  No tendría nada de extraño que esos sectores profesorales enloquecidos por la pretensión de creerse dueños de nuestras instituciones universitarias, impulsen acciones contra trabajadores y trabajadoras universitarias, propiciando el odio entre estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria hacia éstos/éstas y, con ello, violencia institucional y desestabilización, procurando mediante el miedo y la violencia retrasar las posibilidades de cambios, ad infinitum, en  nuestras instituciones universitarias. La posibilidad de autoproclamarse en república  independiente, comienza a transitar en las mentes de esos “académicos” enloquecidos.

Henry  Escalante
Caracas, 25 de septiembre de 2011



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