Al menos 98,5 % de ejecuciones extrajudiciales quedan impunes en Colombia

Por • 28 May, 2010 • Sección: Noticias Internacionales

Un relator especial de la ONU indicó que el flagelo fue un patrón a seguir por militares, para “beneficio o ganancia personal de los soldados” / Asegura que “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los DDHH fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías

Un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este jueves que la impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia ronda el 98,5%, y que además persisten “graves problemas” de seguridad en el país.

El relator especial de la ONU para ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, presentó este jueves un informe que elaboró tras su visita a Colombia en junio de 2009, en el que reveló que “la actual tasa de impunidad en relación con presuntas ejecuciones por parte de las fuerzas de seguridad, que llega hasta el 98,5%, según fuentes creíbles, es demasiado alta”.

Subraya que “a menos que el Gobierno asegure la efectiva investigación y juicio de las ejecuciones cometidas por las fuerzas militares, no podrá superar el escándalo de los falsos positivos”.

“Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”, señaló.

En Colombia se denominan a las ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente como falsos positivos, que no son más que el asesinato de civiles por parte de la Fuerza Pública que posteriormente son presentados como guerrilleros muertos en combate.

“Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial (…) muchas unidades militares comprometidas con los llamados ‘falsos positivos’, en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados”, agregó.

El experto describió que estos crímenes seguían una estructura en casi todos los casos: “generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate”.

Tras la ejecución del asesinato, los propios militares manipulaban la escena del crimen para presentar a los civiles como guerrilleros muertos en combate.

También impunidad para el paramilitarismo

El relator especial también encontró “un alarmante nivel de impunidad para los ex paramilitares”.

Según Alston, “la inmensa mayoría de los paramilitares responsables de violaciones de los Derechos Humanos (DDHH) fueron desmovilizados sin ser investigados y muchos se beneficiaron de amnistías”.

El Gobierno del presidente, Álvaro Uribe, impulsó un reglamento conocido como Ley de justicia y paz (Ley 975), que posteriormente fue aprobada por el Congreso y entró en vigencia el 25 de julio de 2005. Desde entonces el instrumento legal ha sido condenado y criticado por sectores sociales pues sólo impone penas de 5 a 8 años por delitos graves incursionados por paramilitares como masacres y secuestros.

“Hoy, el fracaso del proceso de rendición de cuentas es claro ante el dramático aumento de los asesinatos por parte de grupos armados ilegales compuestos en su mayoría por antiguos paramilitares”, denunció por su parte el relator de la ONU en su informe.

En este sentido, Alston solicitó al Gobierno colombiano que impulse “cambios sustantivos” en la Ley de Justicia y Paz.

“El Gobierno debería considerar establecer una comisión de la verdad independiente que conduzca una investigación sistemática de las violaciones cometidas por todas las partes del conflicto armado colombiano”, agrega el funcionario de la ONU.

Respecto a las guerrillas afirmó que mientras la estrategia del Gobierno se ha enfocado en la derrota militar del grupo armado conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), “también se debería considerar los acuerdos humanitarios y las negociaciones para terminar el conflicto de una vez por todas”.

Violación a los Derechos Humanos en Colombia

En cuanto a los grupos de población que son especialmente vulnerables a la violencia en Colombia, el informe de Philip Alston señaló que “históricamente y hoy en día, todas las partes del conflicto han atacado comunidades indígenas y afrocolombianas, defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales”.

El 11 de marzo de este año, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció la inseguridad a la que están sometidos los defensores de estas garantías en Colombia y manifestó la estigmatización que se les adjudica, incluso por parte de miembros del Gobierno de Álvaro Uribe.

También, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) divulgado el 18 de mayo último, reveló que la nación que más desplazados internos tiene es Sudán con 4, 9 millones, seguido de Colombia con un aproximado de 4, 9 millones, luego está Irak, con 2,7 millones, Somalia con 1,5 millones y Pakistán con 1,2 millones.

Otro informe de la alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para Derechos Humanos (DDHH), Kyung-wha Kang, denunció recientemente que en Colombia han aumentado las amenazas contra las garantías ciudadanas, y destacó con “especial preocupación” el caso de los “asesinatos contra sindicalistas, periodistas”, entre otros.

teleSur



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