Tribunal intentó desalojar por tercera vez a invasores de las Villas Olímpicas

Por • 23 Feb, 2010 • Sección: Municipio Bolívar

La juez se retiró de un terreno invadido en Barcelona sin ejecutar el desalojo, y argumentó que no contaba con suficiente apoyo policial. Los dueños de las tierras dijeron que seguirán actuando legalmente, mientras que los ocupantes solicitarán la intervención del Ejecutivo nacional

El Tribunal Segundo de Ejecución del municipio Bolívar, a cargo de la juez Oneimar Rojas, intentó ayer, por tercera vez en dos años, desalojar a un grupo de familias que invadió un inmueble en el sector Villas Olímpicas de Barcelona.

El procedimiento comenzó a las 9:30 am, con el apoyo de Polianzoátegui, Polibolívar, Protección Civil y del Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Cdmna), pero el tribunal decidió retirarse a las 12:15 de la tarde, por no contar con suficiente respaldo policial, ya que sólo enviaron 14 de los 30 uniformados que habían solicitado.

Aldrín Pulido, presidente de la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) Sueño Dorado, informó que los afiliados compraron hace 11 años el terreno donde se construye el desarrollo habitacional para 200 familias, el cual fue ocupado inicialmente por 40 personas ajenas a la agrupación.

“Nosotros, que somos los verdaderos dueños, no ocupamos los apartamentos porque aún no cuentan con servicios de agua, electricidad ni cloacas, pero no vamos a permitir que los invasores sigan vendiendo los apartamentos y haciendo negocio con lo que no les pertenece”.

Ruperto Cedeño, Hevert Sánchez y Manuel Aguilar, miembros de la OCV, indicaron que en la actualidad no hay más de ocho o nueve familias habitando las dos torres inconclusas. “Ellos colocan a los niños y a los ancianos como escudo para que no proceda el desalojo”.

Señalaron que han agotado el diálogo y las instancias legales. “La juez no ha tenido voluntad para ejecutar la medida, pero no tenemos otra alternativa que seguir insistiendo por la vía judicial”.

Keyla Mora, en representación de los invasores, admitió que hace tres años ocuparon los edificios que construye el Instituto Municipal de la Vivienda (Imuvi) de Bolívar. Argumentó que no acatarán la medida de desalojo porque no tienen dónde vivir.

“Hemos acudido a la gobernación y a la alcaldía para solicitar una casa, pero nadie nos da respuesta”.

Dijo que están dispuestos a comprar los apartamentos y denunció que fueron agredidos por la policía.

Otro de los ocupantes, Gari Mc Gregor, expresó que junto con 39 familias forma parte de la OCV Victoria Divina. “Estamos registrados en el Instituto Nacional de Tierras desde hace tres años”.

Betty Conde, también invasora, anunció que solicitarán una audiencia con el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello. “En el estado nadie nos ha atendido nuestra petición”.

En Sotillo
El pasado viernes a las 7:00 pm, 180 familias sin casa propia decidieron ocupar la parcela ubicada en la prolongación Paseo Colón, frente a la iglesia San Jorge, en Puerto La Cruz. El sábado en la mañana fueron desalojadas por funcionarios de Polianzoátegui.

Ayer, el director de Catastro de la Alcaldía de Sotillo, William Tadino, informó que el terreno pertenece a la empresa Petrozuata.

Manifestó que la petrolera tiene previsto construir en ese lugar una sede de la Fundación Venezolana de Investigación Sismológica (Funvisis).

Señaló que la alcaldía no está negada a ayudar a las familias que requieren un techo, pues ha manifestado la posibilidad de que tengan acceso a los planes de vivienda del municipio. “Lo esencial es que se asocien en OCV”.

Zona oeste
La semana pasada, en el municipio Píritu, 50 personas tomaron los terrenos ubicados en el sector Rincón Bonito. Los ocupantes, que aseguraron ser pobladores de la zona rural, señalaron que las tierras son baldías y que su intención es convertirlas en productivas.

“No tengo casa propia, vivo en una prestada y tengo siete niños”, dijo Andita Rivas, mientras limpiaba junto con su esposo el lugar donde piensa residir a partir de ahora. Otro ocupante, Raimar Maleno, expresó que tiene previsto dedicarse a la siembra de yuca, topochos y berenjenas para el consumo propio. Mientras María Victoria Arroyo, vecina de la zona, aseveró que todas las parcelas tienen dueño: “Eran propiedad de mi familia y fueron vendidas”.

La alcaldesa Rita Jiménez informó que la dirección de Catastro y la Sindicatura están investigando la situación de estas tierras. Refirió que los gobiernos nacional, regional y municipal han emitido decretos que rechazan las invasiones. Recomendó a las personas que requieran viviendas o terrenos, hacer las solicitudes por las vías legales.

Katy Jurado
Diario El Tiempo
23/02/2010



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