Insulza no logra restituir a Zelaya y suspenderá a Honduras de la OEA

José María Insulza dijo que su misión en Honduras fracasó rotundamente. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió con total claridad que las autoridades de facto del país rechazaron que Manuel Zelaya pudiera reasumir la presidencia. "Aquí hubo un golpe de Estado y una ruptura de la legalidad, no se ha atendido mi petición de revertir esta situación", señaló el diplomático chileno.

En una multitudinaria rueda de prensa, que concedió al término de sus reuniones con dirigentes políticos, sociales y religiosos del país, Insulza dijo que tras la negativa a restablecer el orden constitucional, la Asamblea General de la OEA adoptará este fin de semana las decisiones que estime competentes, que contemplan la suspensión de Honduras como país miembro de la comunidad americana.

Insulza informó que la suspensión de país miembro la OEA implica que los organismos internacionales no otorgarán más créditos a Honduras. "No se puede financiar a un gobierno que ha violado de manera flagrante la Carta Americana y el orden constitucional", subrayó.

Insulza dijo que las decisiones en la Asamblea de la OEA se adoptan por consenso, por lo que no se puede afirmar que Honduras volvería al seno de la comunidad americana tras las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre.

El secretario general descartó una intervención militar, ya que esa medida extrema corresponde adoptarla a las Naciones Unidas en caso de existir un sangriento conflicto armado, que no se da en Honduras. Tampoco quiso pronunciarse sobre el hipotético retorno del derrocado presidente Manuel Zelaya a Honduras.

"Para que tengamos democracia las instituciones tienen que funcionar", dijo Insulza. Señaló que en las últimas décadas sólo se había producido un golpe militar en Haití. En su opinión, no fueron golpes de Estado la ruptura constitucional que se produjo en Ecuador en los años 2000 y 2005, con el derrocamiento por los militares a golpe de fusil de los presidentes Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.

La Corte Suprema de Justicia fue la primera institución hondureña que le dijo a Insulza que no aceptaba el retorno de Manuel Zelaya. Tras una reunión de más de una hora con el presidente del alto tribunal, Jorge Rivera, un portavoz oficial declaró que "Insulza pidió que Honduras restituya en la presidencia a Zelaya, pero el presidente de la Corte le contestó contundentemente que hay una orden de capturarlo". "La OEA puede hacer lo que quiera y suspender lo que quiera suspender, pero la posición de la CSJ sigue en firme", agregó el portavoz.

En una Honduras cada vez más polarizada, José Miguel Insulza, llegó a Tegucigalpa para forzar el retorno a la presidencia de Manuel Zelaya. El gobierno de facto de Roberto Micheletti advirtió que la restitución del depuesto gobernante no es negociable.

La misión de Insulza era difícil y delicada por lo inamovible de las posiciones. Micheletti, respaldado por los poderes del Estado, empresarios y buena parte de la población, rechaza de plano el regreso de Zelaya. El derrocado presidente cuenta con el respaldo de sectores populares y sindicales. Observadores independientes dijeron a "La Vanguardia" que el derrocado gobernante no tendría mínimas condiciones de gobernabilidad si la fuerte presión internacional forzara su reinstalación en la presidencia.

A Insulza le bastaron unos pocos minutos en Honduras para advertir que la resolución de la crisis institucional no será fácil. En su camino desde el aeropuerto hacia la Corte Suprema de Justicia, la comitiva del secretario general de la OEA tuvo que sortear dos marchas en las que participaban decenas de miles de personas, unas clamando por paz y democracia, y otras por el retorno de Zelaya. La llegada de Insulza provocó que la gente saliera a la calle a expresar su apoyo o rechazo a Micheletti.

Unos se congregaron en las inmediaciones de la casa presidencial para expresar su respaldo al Gobierno de facto. Los seguidores de Zelaya se congregaron en el entorno de la Universidad Pedagógica Nacional, y desde allí caminaron hacia la sede de la OEA para condenar el golpe de Estado.

Cientos de soldados y policías montaron un fuerte cordón de seguridad para tratar de prevenir enfrentamientos entre ambos grupos.

Insulza permanecerá menos de 24 horas en Honduras. Durante este tiempo, se entrevistó con los jueces de la Corte Suprema de Justicia, con la fiscalía general, con los candidatos presidenciales Porfirio Lobo (Partido Nacional) y Elvin Santos (Partido Liberal), con el presidente del Partido Nacional, Ricardo Álvarez, y con el arzobispo-cardenal de Tegucigalpa, cardenal Oscar Rodríguez Madariaga. Este prelado, que en el pasado cónclave fue firme aspirante al papado, ha guardado silencio sobre la crisis que vive el país. Extraoficialmente se informó que Insulza se habría reunido con el dirigente popular Carlos H. Reyes y con el diputado del izquierdista Partido de Unificación Democrática (UD), César Ham.

Aunque Insulza no sostuvo un encuentro con Micheletti, por considerarlo un presidente emanado de un golpe militar, sí lo hizo con el resto de poderes del Estado que tuvieron un papel relevante en el derrocamiento de Zelaya. De hecho, a excepción del cardenal Rodríguez Madariaga, Insulza no pudo entrevistarse con ninguna autoridad que no estuviera vinculada con el golpe del domingo pasado.

Antes de viajar a Tegucigalpa, Insulza habló por teléfono con ex presidentes hondureños y líderes religiosos. Llegó con el único acompañamiento de su secretario privado, Víctor Rico.

El avión militar brasileño en el que viajó Insulza aterrizó en la base aérea cercana a la capital. El secretario general afirmó que su papel no será negociar, sino reclamar la restitución en el poder de Zelaya, quien el pasado domingo fue expulsado del país por los militares.

"No venimos a Honduras para negociar. Vamos a pedir que se deje de hacer lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Exigimos que cambien lo que han estado haciendo ahora y encuentren maneras de retomar la normalidad", dijo Insulza antes de iniciar la ronda de negociaciones.

El presidente de facto Roberto Micheletti reiteró ante la multitud que le apoya que en Honduras "no hubo golpe de Estado, no fue golpe, digámosle al mundo que no fue golpe, demostremos al mundo que queremos vivir en paz".

El ministro de Asuntos Exteriores, Enrique Ortez, dijo que la presencia de Insulza en Honduras representaba un reconocimiento implícito del nuevo gobierno. "Nosotros protegemos a Insulza, el secretario general habla con las autoridades judiciales de este Gobierno". Horas antes, el canciller dijo que si Insulza, "viene a exigir la restitución de Zelaya mejor que no venga". Ortez señaló que "el regreso de Zelaya como presidente no es negociable, ningún organismo internacional puede intervenir en un país para quitar o poner un presidente, porque esa es una atribución de los pueblos". Según Ortez, si a Honduras se le separa de la OEA "no pasará nada, ya lo hicieron con Cuba y no pasó nada, Castro enfrentó esa situación".

Ortez comentó que "si lo estima oportuno, Insulza podrá negociar con nosotros, pero nuestra soberanía no se negociará jamás… Insulza puede negociar todo lo que quiera, menos la situación de Zelaya".

La Sala de lo Constitucional de la CSJ admitió un recurso de amparo interpuesto por diferentes instituciones que aseguran que salida de Zelaya fue inconstitucional. Asimismo, solicitó al Jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez, que rinda un informe con una explicación clara, específica y detallada de las causas que motivaron la salida del país de Manuel Zelaya.

El asesor jurídico del Ejército, coronel Herberth Bayardo Inestroza, reconoció que se cometió "un delito" al sacar al presidente Zelaya del país. Sin embargo, subraya que se hizo con el fin evitar un derramamiento de sangre.

El coronel Bayardo dijo que no se puede hablar de golpe de Estado puesto que la Fuerza Armada actuó conforme a lo estipulado por la Constitución y después de que el mandatario hubiera actuado ilegalmente.

"Sabemos que ahí hay delito. En el momento que nosotros lo sacamos del país en la forma en que se sacó hay un delito, lo que pasa es que ese delito, en el momento en que se conozcan las circunstancias en que se dio, va a haber justificación y un eximente que nos va a proteger", señaló Bayardo en una entrevista concedida a los diarios "El Faro" y "Nuevo Herald".

Según el asesor jurídico, la decisión de sacar a Zelaya hacia Costa Rica la tomó la junta de comandantes de la Fuerza Aérea después de medir "las consecuencias de lo que iba a suceder si nosotros lo dejábamos en el país". "Medimos los riesgos y lo que podía suceder", señaló.

Joaquim Ibarz
La Vanguardia.es
04/07/2009

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